Fecha de publicación: 09/11/2017
La crisis catalana es la crisis española. Es la crisis europea. Es el retorno del autoritarismo al corazón de Europa. Es una lástima que los intereses políticos miopes, como mantener
al Sr. Juncker en el cargo o promover a un ministro de Finanzas español,
español de derechas apoyado en acusaciones de irregularidades, tengan
prioridad sobre defender los principios fundadores de la Unión Europea. . La traición a los ideales de Monnet y Adenauer pone en riesgo todo el
proyecto europeo, y de una manera mucho más grave que el voto británico
de 2016 de irse.
Un
axioma principal del orden político europeo moderno es que las personas
deberían tener la libertad de ejercer actividades políticas pacíficas
sin temor a la violencia o el daño del Estado. Este precepto fue propuesto por los arquitectos de la Comunidad Económica Europea, Jean Monnet y Konrad Adenauer. Después
de dos devastadoras guerras mundiales iniciadas en Europa, la noción de
la política como una búsqueda pacífica sin el riesgo de la violencia
estatal se convirtió en el centro de una nueva visión europea del orden
político. Siglos de impugnadas fronteras europeas, culturas, naciones y conflictos serían abandonados. Habría una verdadera revolución europea en ideas.
Los
perennes problemas de conflicto entre naciones y pueblos habían plagado
al continente europeo al menos desde 1337. Este año representó el
comienzo de la Guerra de los Cien Años. Las soluciones tradicionales a tales conflictos europeos habían sido militares. Incontables millones habían muerto por la espada a lo largo de los siglos. El Tratado de Roma, que establece la Comunidad Económica Europea en 1957, tenía la intención de ser diferente. Fue el producto del idealismo. Al
crear un mercado libre en el comercio y las ideas entre las naciones, y
en afianzar los principios democráticos liberales en toda Europa, la
perspectiva de la violencia estatal en la búsqueda de objetivos
políticos debía ser reprimida permanentemente. En su lugar, florecería una cultura de derechos humanos y libertad política.
El intento de Cataluña de declarar la independencia en octubre de 2017 se vio fortalecido por un controvertido referéndum. Esto
representó la primera vez en la historia relativamente corta de la
Unión Europea que una de las muchas disputas de soberanía de Europa
había alcanzado la etapa de una declaración de independencia dentro de
los límites de la UE. Los recientes acontecimientos en Cataluña son únicos porque han sido pacíficos por parte de los secesionistas. Mientras
que en Irlanda del Norte y en la región vasca de España los movimientos
separatistas emplearon violencia periódica, el movimiento
independentista catalán utilizó medios democráticos y no violentos. Independientemente de lo que se piense de la sabiduría de la
independencia catalana de España, debe aplaudirse el hecho de que se
hayan empleado métodos exclusivamente pacíficos en su búsqueda.
Esto plantea dos preguntas. El
primero es por qué el Estado español intentó inicialmente usar la
fuerza para evitar el referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1
de octubre de 2017. Entonces España utilizó el derecho penal en pos de
objetivos políticos, incluido el encarcelamiento de políticos
democráticamente elegidos, en respuesta a la declaración de
independencia el 27 Octubre
de 2017. La segunda pregunta es por qué las instituciones de la Unión
Europea han estado tan calladas, apenas criticando al gobierno español
por actuar en grave contradicción con el ideal europeo de resolución
pacífica de disputas políticas. ¿Por qué entonces el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, es tan abierto defensor de la infalibilidad de Madrid?
Tal
vez idealistas hasta cierto punto, los catalanes imaginaron que las
instituciones de la Unión Europea intervendrían para mediar en la actual
crisis constitucional española. Bruselas seguramente imploraría al estado español que negocie una solución al enigma catalán, en lugar de utilizar la coacción. Los catalanes han estado equivocados hasta ahora. La
UE se proyecta a sí misma como un conjunto de instituciones basadas en
principios, incluida la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Sin embargo, la Unión se ha vuelto esclerótica desde la era idealista de sus antecesores Monnet y Adenauer. Ahora persiste como una burocracia sujeta a relaciones de poder político más severas. Los altos funcionarios actuales de la UE ocupan cargos públicos a pesar de las coaliciones de gobiernos nacionales.
Los
políticos más veteranos de la Unión Europea atraviesan los intereses de
los miembros indecisos de las coaliciones políticas europeas bajo su
propio riesgo. Con
Francia inclinada hacia la izquierda y Alemania con la derecha, los
británicos ahora irrelevantes, los italianos en el caos y Polonia
absorta en sí misma, el gobierno español es el miembro más importante de
este tipo tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo Europeo. Este
problema se ve agravado por el hecho de que la Unión Europea es
relativamente sorda a las voces de sus ciudadanos, porque sus altos
funcionarios no están sujetos al sufragio significativo. En Bruselas, esto se conoce como el déficit democrático.
Juncker
declaró su oposición incondicional a la independencia catalana sobre la
base de que si se permitía que surgieran nuevos estados dentro de la
Unión Europea, entonces, en sus palabras, tendríamos 98 Estados miembros
en lugar de 28. Sus matemáticas son difíciles de seguir. Incluso con la aritmética más generosa, no hay cerca de 70 movimientos secesionistas dentro de la UE. Él lo estaba inventando. Juncker ha guardado silencio sobre la brutalidad policial española para evitar votar. Ha guardado silencio sobre el encarcelamiento de políticos catalanes
sin juicio (o incluso acusación) por delitos políticos incipientes, como
la sedición y la rebelión, en los que no se han denunciado actos de
violencia o incluso incitación.
Juncker
asistió a la Universidad de Salamanca, una institución gubernamental
financiada públicamente por Madrid, para recibir un doctorado honoris
causa el 2 de noviembre de 2017. Esto tuvo lugar en medio de la crisis
catalana. Fue un momento curioso para recibir un título. El
honor se le otorgó a Juncker justo cuando los tribunales españoles
encarcelaban pacíficamente a políticos catalanes sin cargos. El
primer ministro español, Mariano Rajoy, asistió a la ceremonia de
Juncker, tomando un descanso de la crisis para viajar a Salamanca y
felicitar a su amigo.
Juncker
fue el primer presidente electo de la Comisión Europea, elegido por el
Parlamento Europeo en mayo de 2014 con una pluralidad de votos (29%). El
apoyo del Partido Popular de Rajoy en el Parlamento Europeo, uno de los
miembros más grandes de la bancada parlamentaria de centroderecha del
Partido Popular Europeo, fue esencial para asegurar la elección de
Juncker. Juncker se mudó a su nuevo puesto como presidente del Eurogroup. Esta organización es reservada y pocas personas saben que existe, y menos aún lo que hace. Eurogroup es una reunión informal pero poderosa de los ministros de
finanzas de la zona euro, responsables de imponer disciplina fiscal a
los miembros errantes de la eurozona.
Un candidato principal para tales sanciones debería ser España, con su enorme deuda pública. Como presidente de Eurogoup, Juncker bloqueó las sanciones contra España. El
gobierno de Rajoy le devolvió el favor, emergiendo como un partidario
clave de Juncker en el Parlamento Europeo para su nuevo puesto como
Presidente de la Comisión Europea. Los griegos no tuvieron tanta suerte en manos del Eurogrupo, pero
tienen muchos menos asientos en el Parlamento Europeo y solo una cuarta
parte de los MEP que son miembros del grupo del EPP en comparación con
el Partido Popular de España.
El sucesor de Juncker como jefe del Eurogrupo fue el Ministro de Finanzas Holandés Laborista, Jeroen Dijsselbloem. Parece
que Dijsselbloem decidió postularse para un segundo mandato como
Presidente del Eurogrupo en 2015, principalmente para oponerse (y
derrotar) a Luis de Guindos, el Ministro de Economía español. De Guindos es el aliado cercano de Rajoy, y fue el candidato preferido de Juncker y Merkel. Ahora
De Guindos es promocionado por la coalición de derecha de Bruselas como
el primer ministro de finanzas europeo, un cargo cuyas
responsabilidades se aproximarán a las del presidente del Eurogrupo pero
con un mayor grado de autoridad. Rajoy es un aliado clave de Juncker, Merkel y el grupo de centroderecha en la política de la UE.
Esto
puede explicar por qué Bruselas ha sido tan silenciada en sus críticas a
la brutalidad policial y la extralimitación judicial de Madrid. La
burocracia de derecha que actualmente está en el poder en Bruselas
confía en el apoyo de Rajoy para su débil control del poder. El principal oponente de Juncker para las elecciones como Presidente de la Comisión Europea fue Martin Schulz. Schulz es un socialdemócrata alemán y el principal opositor político interno de Merkel. Rajoy
es en gran parte responsable de mantener tanto a Juncker como a Merkel
en el cargo, y mantener a Schulz fuera de la oficina. Sin el apoyo de Rajoy a Juncker, el presidente de la Comisión Europea habría sido el izquierdista Schulz. Toda la composición e ideología de la Comisión Europea probablemente sería ahora radicalmente diferente. Además, Schulz podría haber utilizado su posición como presidente de
la Comisión Europea para luchar en las elecciones federales alemanas de
septiembre de 2017 en las que Merkel finalmente derrotó a Schulz por un
margen sólido.
A
pesar de ser el aliado íntimo de la UE en cuestiones de política y
finanzas, Rajoy y De Guindos tienen una reputación poco envidiable. El
caso Bárcenas es un notorio escándalo de corrupción política española
descubierto en 2013. Eso supuso la revelación de una serie de cuentas
paralelas para el Partido Popular por el tesorero del partido en algún
momento. Estas cuentas mostraban detalles de supuestos pagos en efectivo a políticos, incluidos unos € 250,000 a Rajoy. Estaba relacionado con el escándalo Gürtel. Esta
es una red aún peor de acusaciones de corrupción en España que
involucran la concesión de falsos contratos de obras públicas para
financiar el Partido Popular. El tema común en ambos escándalos es el Partido Popular del primer ministro Rajoy.
El caso Gürtel se ha estimado como el robo de unos 120 millones de euros del contribuyente español. Aunque el escándalo quedó expuesto en 2009, hasta la fecha nadie ha sido condenado por nada. El
propio De Guindos estuvo implicado en un escándalo de amiguismo cuando
intentó nombrar a José Manuel Soria, un ministro de industria del
Partido Popular bajo Rajoy, como director ejecutivo del Banco Mundial,
poco después de que Soria fuera obligado a renunciar debido a la
exposición de sus actividades comerciales. Estas
actividades comerciales se llevaron a cabo a través de entidades
extraterritoriales simultáneamente con Soria con una designación
ministerial incompatible. Nuevamente, nadie ha sido condenado.
El
internacionalmente admirado juez de instrucción español, el juez
Baltasar Garzón, estaba investigando el escándalo de Gürtel. Mientras lo hacía, fue suspendido dos veces, consecutivamente y por diferentes razones extrañas. Una
de las razones fue que estaba siendo demasiado celoso en la
investigación de los actos delictivos cometidos por funcionarios del
Partido Popular durante la dictadura de Franco. Las suspensiones de Garzón, muy controvertidas, excluyeron a uno de
los pocos jueces españoles conocidos por su independencia, del mayor
caso de corrupción en España.
Si
bien el poder judicial español afirma su independencia política del
gobierno, las propias instituciones europeas albergan dudas. El
Consejo de Europa es el principal organismo internacional de
supervisión de los derechos humanos europeos con representación de todos
los países europeos. Es responsable del funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. El Consejo ha informado de graves preocupaciones sobre la imparcialidad política dentro del sistema jurídico español. El alegato central sobre el poder judicial español es el dominio del sistema jurídico español por parte del Partido Popular.
Rajoy,
líder del Partido Popular, está decidido a suprimir el movimiento de
autonomía regional catalán utilizando herramientas legales. A
pesar de la evidencia convincente que ha surgido de la corrupción de
Rajoy en medio de los documentos revelados en el caso Bárcenas, Rajoy
permanece no solo en libertad, sino que continúa ocupando la oficina
política más poderosa de la tierra. En
contraste, los políticos catalanes languidecen en prisión, destituidos
por el decreto de Rajoy (sancionado por el Senado español, dominado por
el Partido Popular). Es
difícil entender cómo estos eventos contrastantes son consistentes con
las afirmaciones del gobierno español de que sus tribunales son
independientes y se respeta el estado de derecho en Madrid.
La lista de abusos legales perpetrados por el Estado español contra el movimiento autonomísta catalán es enorme. El
28 de octubre de 2017, el primer ministro Rajoy destituyó a todo el
gobierno catalán y a todos sus diputados electos, incluidos los que no
participaron en el movimiento independentista. Esto no es democrático. No importa qué supuesta base legal o política haya para tal acto. Eliminar a los políticos electos en masa para seguir la agenda por la que
fueron elegidos para seguir es groseramente impropio en la Europa
moderna.
Poco después, el fiscal de Madrid abrió una investigación sobre el crimen medieval de sedición. Esto en sí mismo es preocupante. En
el Reino Unido, la Ley de Sedición de 1661 criminalizó la descripción
del Rey como un "hereje o papista" o "declarando que el Parlamento Largo
[una Asamblea Republicana] no había sido disuelta". El crimen de sedición fue un instrumento para reprimir el discurso político controvertido después de la Guerra Civil Inglesa. La legislación prescribe una pena de muerte. En los Estados Unidos, varios estatutos prescriben crímenes de
sedición por publicar "escritos falsos, escandalosos o maliciosos" sobre
el Presidente o el Congreso de los EE. UU. O para "difundir noticias
falsas sobre el ejército o la armada estadounidense".
El
código penal de la República Democrática Alemana consagró el crimen de
Volksverhetzung, la incitación sediciosa de las masas contra el estado. Esta disposición del código penal fue utilizada por el temido Servicio
de Seguridad del Estado de Alemania Oriental (el
Staatssicherheitsdienst, coloquialmente conocido como Stasi) para
arrestar y detener indefinidamente a personas sin cargos en cárceles
oscuras donde a menudo se los mantenía durante años sin juicio.
La sedición es un crimen por expresar oposición al status quo político. Es una vergüenza y un escándalo que cualquier país en la Europa moderna esté entretenido procesando sobre esta base. La
Unión Europea se enorgullece de haber superado la tiranía comunista y
de haber reemplazado las crueldades del comunismo con valores
democráticos liberales. Ahora la UE, en su nivel más alto, se encuentra aceptando el uso de métodos equivalentes por parte del Estado español.
El
fiscal de Madrid convocó a los ministros del gobierno catalán cesados para su interrogatorio en el curso de esta inusual
investigación. Aquellos ministros que tuvieron la mala suerte de asistir a la audiencia judicial no hicieron preguntas de fondo. En cambio, todos fueron enviados sumariamente a prisión. La queja no es simplemente que fueron detenidos sin juicio y condena. Por el contrario, fueron encarcelados sin cargo. No han sido acusados de nada. No hay evidencia presentada públicamente de nada que hayan hecho mal. Se les ordenó que permanecieran en prisión a la espera de una investigación. Esta investigación podría continuar indefinidamente y podría nunca llegar a una conclusión, como en el caso Gürtel. Los políticos catalanes son condenados por nada, acusados de nada, sin pruebas presentadas públicamente en su contra. Ahora están encerrados indefinidamente. No han hecho nada violento. Nadie ha sugerido que sean corruptos. Han sido encarcelados por perseguir una agenda política pacífica por la que fueron elegidos.
Madrid responde que la democracia debe proceder dentro de la ley. Pero esta declaración elude una afirmación que es obviamente cierta con otra que obviamente es falsa. La verdad obvia es que sin un estado de derecho estable, la democracia no puede funcionar. La policía no puede usar la violencia y el poder de arresto contra personas que ejercen mandatos democráticos pacíficos. El
estado no puede usar su poder, sin el control de las leyes de libertad
de expresión, para hacerse cargo de los canales de transmisión pública,
como ha hecho Madrid en Cataluña. Esto obstaculiza la libre expresión de opiniones políticas. La democracia se convierte en una farsa. La democracia de España se convierte en la democracia de Zimbabwe.
La
falsedad inherente a la posición de Madrid es sugerir que el estado
tiene derecho a utilizar los instrumentos de la ley -la policía, los
tribunales y las cárceles- contra las personas que desean expresar sus
opiniones políticas democráticas. Es
un error sugerir que las leyes injustas y crueles pueden utilizarse
adecuadamente para obligar a los demócratas a guardar silencio, para que
no sean arrestados y encarcelados. En palabras de Mahatma Gandhi, "una ley injusta es en sí misma una especie de violencia. El arresto por su violación es más así ". Gandhi
continúa observando que "la ley de la no violencia dice que la
violencia debe ser resistida no por la contraviolencia sino por la no
violencia". Lo mismo ocurre con la causa catalana. No importa si uno apoya o no el objetivo de la independencia catalana. Uno
debe apoyar los derechos de los catalanes a perseguir diferentes causas
pacíficamente, sin estar sujetos a la violencia estatal. Esta es una piedra angular de la civilización europea.
La
ley europea otorga primacía a la libertad de expresión, el ejercicio de
los derechos democráticos y la autodeterminación de los pueblos. La ley europea prevalece sobre el derecho nacional y constitucional español. Esto es un axioma legal. Por
eso, la apelación de España al derecho constitucional interno, como
justificación de las medidas legales que está tomando para reprimir el
movimiento independentista catalán, no es convincente. Las
constituciones son documentos mudables, que deben desarrollarse a lo
largo del tiempo como un compromiso entre diferentes pueblos y
diferentes intereses dentro de una sola jurisdicción legal. Deben encontrar espacio para la expresión de la voluntad democrática pacífica. Dada
la falta de espacio legal que muestra el Estado español para las
aspiraciones catalanas de autonomía política, económica y cultural, es
un testimonio del movimiento autonomista catalán que se ha mantenido en
paz frente a la violencia gubernamental. Recemos para que esto continúe.
Las
ficciones legales del Estado español para suprimir la política regional
catalana son inverosímiles incluso para los estándares nacionales
españoles. Nada en la constitución española prohíbe que la gente de una región celebre un referéndum sobre una cuestión constitucional. Nada en la ley española dice que la policía esté autorizada a usar la violencia para evitar que la gente vote. La policía solo ejerce adecuadamente la autoridad para hacer cumplir la ley penal. Sus poderes legítimos no se extienden a apoderarse de las urnas o atacar a los votantes. Eso es porque operar una urna electoral o votar no es un crimen. No hay nada en la ley española que diga lo contrario. En
las sociedades basadas en el estado de derecho, el papel de la policía
no es hacer cumplir los principios constitucionales que pueden estar
sujetos a una variedad de interpretaciones. Es para prevenir el crimen. Nadie en el movimiento autonomista catalán ha estado cometiendo crímenes de acuerdo con los estándares contemporáneos europeos. La sedición no es un crimen. Es ficción legal, una herramienta de represión estatal largamente abolida por las naciones civilizadas.
Los
políticos europeos están obligados como una cuestión de fidelidad a los
principios fundadores de la Unión Europea, para apoyar la supremacía de
la ley europea y un orden político democrático liberal en todos los
estados miembros de la UE. Permitir que la gente vote y participar en actividades políticas democráticas es parte de la legislación europea. Esto anula las infracciones penales españolas indebidas como la sedición.
Es
más que una lástima que los intereses políticos miopes, como mantener
al Sr. Juncker en el cargo o promover a un ministro de Finanzas español, español de derechas apoyado en acusaciones de irregularidades, tengan
prioridad sobre defender los principios fundadores de la Unión Europea. . La
traición a los ideales de Monnet y Adenauer pone en riesgo todo el
proyecto europeo, y de una manera mucho más grave que el voto británico
de 2016 de irse. La salida del Reino Unido, si sucede, es principalmente un problema económico. Interrumpe el libre comercio del que dependen los ciudadanos de la Unión para su sustento.
España
no debe volver a la tiranía legal de un tipo encontrado periódicamente
en los rincones más oscuros de Europa antes de que los arquitectos del
proyecto europeo construyeran el Tratado de Roma. Lo
hace, entonces el principal pilar ideológico de la Unión Europea, como
una confederación de naciones basada en el estado de derecho y el
respeto de los derechos humanos comunes, es eliminada. Si España puede hacer esto, también lo puede hacer cualquier otro estado miembro. La autoridad moral de la Unión Europea para promover estándares
jurídicos comunes se ve socavada, y la Unión, a partir de entonces,
seguramente colapsará.
Nosotros,
los pueblos de Europa, debemos hablar en contra de las irregularidades
legales que se producen a instancias del Estado español en Cataluña. La
palabra fascismo a menudo se usa en exceso para describir gobiernos
autoritarios desagradables, y prácticamente ningún gobierno moderno
ahora se describe a sí mismo voluntariamente en tales términos. Pero este es un caso en el que la palabra no se usará correctamente. Joseph
de Maistre, el progenitor intelectual de la ideología, publicó en 1819
un tratado influyente que desarrolló la noción de que un sistema legal
debería usarse para desarrollar un control autoritario sobre una
población para que los sentimientos nacionalistas pudieran propagarse y
la oposición a ellos suprimida.
Mussolini
asoció su movimiento político con el fascio littorio, un manojo de
varillas atadas alrededor de un hacha que representaba la autoridad
legal del magistrado italiano para imponer el orden mediante el uso de
la ley como instrumento de represión. El
uso del encarcelamiento y la violencia policial contra políticos
democráticos pacíficos, y el empleo de delitos penales históricamente
bárbaros diseñados para perseguir voces pacíficas contra la política
oficial del gobierno, son algunos de los componentes axiomáticos de la
filosofía fascista histórica. Ahora son herramientas utilizadas por la cuarta economía más grande de la zona del euro contra los políticos catalanes.
Esto es desafortunado dada la historia reciente de España. España fue tal vez el único país de Europa en el que el movimiento fascista no fue definitivamente derrotado. En cambio, simplemente se desvaneció gradualmente, ya que su único líder, Francisco Franco, murió en el cargo. Sus
herederos se dieron cuenta de que un movimiento basado en tal filosofía
no podría continuar existiendo en la Europa moderna que había surgido
desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Franco solicitó unirse a la Comunidad Económica Europea en 1962, pero todos los miembros votaron en contra. Alemania
Occidental y Francia fueron particularmente inflexibles en su negativa a
permitir que un estado con rasgos políticos fascistas se una a la
comunidad europea de naciones democráticas liberales. Después de las reformas graduales después de la muerte de Franco, a
España finalmente se le permitió la entrada en 1986. Se percibió que
España se estaba desarrollando en la dirección correcta hacia la
democracia liberal, a pesar de sus fallidos golpes de estado fascistas
en 1981 y 1982.
La aparente desaparición gradual del fascismo en España oculta una grieta fundamental en la política española. Esto es entre el autoritarismo y el republicanismo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. En este sentido, Cataluña siempre ha estado firmemente en el lado republicano. Es por eso que el régimen de Franco reprimió tan ferozmente el movimiento autonomísta catalán. El primer ministro de la España posfranquista también fue el fundador del Partido Popular. Como
predecesor de Rajoy y ex ministro del Interior de Franco, fue
responsable de la represión estatal bajo el gobierno fascista de España.
Es por eso que el Partido Popular se ha mantenido impopular en Cataluña. Y
es por eso que Rajoy presumiblemente siente, al menos como una cuestión
de política interna española, que puede usar la fuerza del estado para
reprimir las aspiraciones políticas catalanas. Tiene pocos votos catalanes para perder.
La crisis catalana es la crisis española. Es la crisis europea. Es el retorno del autoritarismo al corazón de Europa. Es
una amenaza para los ideales y las instituciones de Europa que se
desarrollaron después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sus
causas seguramente están relacionadas con el malestar económico que ha
infectado a Europa desde 2008 y que ha perjudicado particularmente a
España. Pero en tiempos difíciles, los valores europeos comunes son más importantes que nunca. Europa no debe regresar a la era oscura de la década de 1930. Si
las instituciones de la Unión Europea no captan definitivamente la
crisis española, existe un riesgo real de que las peores tradiciones
políticas históricas de Europa vuelvan al continente. Esto seguramente pondrá en peligro lo mejor de las tradiciones políticas actuales de Europa.
